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Los padres rechazan la presunción de veracidad

Fapa cree que puede abrir una brecha en los centros y Confapa teme que se instaure el ´todo vale´ sin discusión

 

(La Opinión 08-10-2011) A. L. G. ­Las asociaciones de padres de la Región no ven nada claro que la futura ley de autoridad conceda a los profesores la presunción de veracidad ante cualquier conflicto. «Creemos que está bien reforzar de alguna manera la autoridad de los profesores, pero entre comillas, porque lo que nos preocupa es que con la presunción de veracidad se pueda instaurar ´el todo vale´ sin discusión ante cualquier conflicto con un docente, que no hay que olvidar que, como cualquier persona, pueden equivocarse», explicaba ayer José Antonio Abellán, presidente de Confapa, quien confía en que en los próximos meses puedan añadirse matizaciones al proyecto. Francisca López, presidenta de FAPA, cree por su parte que la presunción de veracidad puede suponer una fractura en la relación entre padres y profesores. «Nosotros defendemos que los padres deben colaborar en la educación de sus hijos con los profesores, porque tenemos un objetivo común. Poner estas diferencias puede hacer que la relación deje de ser la misma», argumenta López.

Padres y sindicatos ponen pegas a la ley que da rango de autoridad a los docentes

Consideran injusto que la palabra de los profesores tenga más valor en caso de conflicto en las aulas

15.10.11 - 01:19 -

F. CARRERES | MURCIA.

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EL DEBATE

JOSÉ ANTONIO ABELLÁN PRESIDENTE DE CONFAPA

«Tiene que promoverse un clima de entendimiento entre las familias, los docentes y los alumnos. Es poco menos que imposible lograrlo si la palabra del profesor vale más que ninguna otra. Las familias quedan así indefensas, y para dar autoridad a unos, se desautoriza a otros».

FRANCISCA LÓPEZ PRESIDENTA DE FAPA REGIÓN DE MURCIA

«Los casos de violencia en las aulas se han rebajado muchísimo, y en cualquier caso, la solución no es esa. La autoridad no se consigue por decreto. En cambio sí son necesarios recursos para que los profesores puedan atender la diversidad en las aulas».

FRANCISCO FERRÁNDEZ SECRETARIO GENERAL DE LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE UGT

«Es oportuno reforzar la autoridad del docente, pero por otras vías, que pasan por dotar a los colegios de los recursos y apoyos necesarios. La presunción de veracidad a la palabra de los profesores no tiene demasiado sentido, se debería ser más flexible y optar por la figura del instructor».

DIEGO FERNÁNDEZ FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE COMISIONES OBRERAS

«La autoridad con los alumnos se la gana el profesor que puede atender a sus clases con medios y dignidad, y para eso hacen falta menos recortes. La presunción de veracidad es una declaración de guerra a los padres, cuando la gran mayoría de las familias se preocupa por la educación de sus hijos».

CLEMENTE HERNÁNDEZ PRESIDENTE DE ANPE

«La ley debe encontrar el término medio entre el autoritarismo que conocieron las generaciones anteriores y la actual tendencia a la relajación total, para que la permisividad sin control no degenere en impunidad. Lejos de cualquier autoritarismo, debe otorgar a los profesores la presunción de veracidad».

ÓSCAR URRALBURU PORTAVOZ DE STERM

«El borrador es papel mojado. Cuando no hay dinero, hay tendencia a legislar. Los docentes son autoridad pública porque así lo establecen varias sentencias. El principio de veracidad tampoco aporta nada nuevo. La nueva ley es una pantalla de humo contra los recortes que se realizan en la escuela pública».

La Ley de Autoridad del Docente en la recta final para su aprobación

Sotoca asegura que en unos meses se remitirá a la Asamblea

El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, en una fotografía de archivo reciente

22 Enero 12

Murcia- El consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, confía en que «en un plazo de cuatro a cinco meses» la Ley de Autoridad Docente pueda estar preparada para remitirla a la Asamblea Regional al objeto de su aprobación.
En concreto, el anteproyecto de esta ley pasó ya por la Mesa Sectorial de Educación, la Comisión de Directores de Primaria y la de Directores de Secundaria y la Mesa de la Concertada; órganos todos ellos que informaron favorablemente.
Tras este trámite, ésta semana se remitió al Consejo Escolar de la Región de Murcia, y por último, el siguiente paso será el Consejo Jurídico. Así, una vez que emitan sus informes, el Consejo de Gobierno aprobará el inicio de su tramitación parlamentaria.
Cabe resaltar, que se trata de un procedimiento «ordinario» en el caso de esta ley, aunque no obligatorio. Y es que, desde el primer momento, fue voluntad de Sotoca que esta ley contara con la participación de toda la comunidad educativa y así poder enriquecerla. De hecho, según se precisó, «serán más de 25.000 los docentes que estén afectados por la atribución de autoridad conforme a la ley y que impartan cualquier tipo de enseñanza no universitaria de las recogidas en la LOE».
«Esta Ley de Autoridad Docente, que era una de las prioridades de esta legislatura, responde a una demanda de la sociedad murciana que reconoce el importante papel que están jugando los docentes en la Región y la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas», puntualizó el titular de Educación.
Precisamente, los objetivos de esta ley son reforzar el papel social que tiene ante la comunidad educativa el docente en el desempeño de sus funciones, haciendo valer su figura como parte esencial de ese proceso de aprendizaje y de desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo, así como establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución al considerarlo como autoridad pública».

La Asamblea dará luz verde antes del verano a la Ley de Autoridad Docente

El consejero Constantino Sotoca cree que el texto se podría tramitar en un plazo «de cuatro o cinco meses»

23.01.12 - 01:08 -

LA VERDAD

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En un plazo «de cuatro o cinco meses», según el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, la Ley de Autoridad Docente puede estar preparada para ser remitida a la Asamblea Regional y ser aprobada. El anteproyecto de la ley ha pasado ya por la Mesa Sectorial de Educación, la Comisión de Directores de Primaria y la de Directores de Secundaria y la Mesa de la Concertada; órganos todos ellos que han informado favorablemente. La semana pasasa se remitió al Consejo Escolar de la Región de Murcia y el siguiente paso será el Consejo Jurídico. Una vez que emitan sus respectivos informes, el Consejo de Gobierno aprobará el inicio de su tramitación parlamentaria.

Desde el primer momento, la voluntad de Sotoca fue que esta ley contara con la participación de toda la comunidad educativa y así «poder enriquecerla». En concreto, Sotoca explicó que «ya ha pasado por los informes facultativos», estando pendientes los informes preceptivos.

Según precisó el consejero, «serán más de 25.000 los docentes que estén afectados por la atribución de Autoridad conforme a la Ley y que impartan cualquier tipo de enseñanza no universitaria de las recogidas en la LOE». «Esta Ley de Autoridad Docente, que era una de las prioridades de esta legislatura, responde a una demanda de la sociedad murciana que reconoce el importante papel que están jugando los docentes en la Región y la necesidad de apostar por un adecuado clima de convivencia y respeto en las aulas», puntualizó el consejero.

Objetivos

Los objetivos fundamentales de la misma son, por un lado, «reforzar el papel social que tiene ante la comunidad educativa el docente en el desempeño de sus funciones, haciendo valer su figura como parte esencial de ese proceso de aprendizaje y de desarrollo personal del alumno, con responsabilidad y autoridad para garantizarlo» y, por otro lado, «establecer la protección jurídica que se deriva de dicha atribución al considerarlo como autoridad pública». El texto legal propone su aplicación en todos los centros educativos de la Región que imparten enseñanzas regladas no universitarias, recogidas en la LOE, y se extendería tanto a la actividad docente en los propios centros como al resto de las actividades complementarias o extraescolares.

En cuanto a la protección jurídica, las consecuencias más directas son «el reconocimiento de la condición de autoridad pública al docente y la presunción de veracidad de los hechos que constaten los docentes, además de la garantía de asistencia jurídica en caso necesario».

Según el anteproyecto de Ley, la condición de autoridad pública «se le confiere a todos los directores y miembros de los equipos directivos, así como a los docentes de la Región, que gozarán de la protección reconocida por el ordenamiento jurídico». En el caso de los centros privados, esta condición quedaría limitada al ámbito interno y disciplinario de las relaciones de los docentes con el alumnado. Por su parte, la presunción de veracidad implicaría que los hechos constatados por los docentes en el ejercicio de sus funciones, y siempre que lo formalicen por escrito, serían veraces salvo prueba en contrario.

Otro de los aspectos que recoge el anteproyecto de la Ley, que estará aprobada antes del verano, es la responsabilidad del alumno por los daños que puedan causar de forma intencionada o negligente como consecuencia de su comportamiento. En este caso, el alumno deberá reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.